Una nueva iniciativa en el Senado busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en prisión en México.

CDMX a 1 de abril, 2024.- En un esfuerzo por abordar una de las facetas más ignoradas de la vida en los centros penitenciarios, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha presentado una propuesta legislativa que busca transformar la realidad de las mujeres privadas de libertad en México. La iniciativa, que pretende reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, se centra en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recluidas, una cuestión de dignidad humana que ha sido largamente descuidada.

 

Este movimiento legislativo pone de manifiesto las condiciones adversas a las que se enfrentan las mujeres en prisión, donde sus derechos más fundamentales, incluidos los sexuales y reproductivos, son a menudo restringidos o ignorados. Ballesteros Mancilla subraya que, pese a estar privadas de su libertad, estas mujeres no deben ser privadas de sus derechos humanos, reconocidos en tratados internacionales.

 

La propuesta legislativa detalla la necesidad de que las instalaciones penitenciarias cuenten con espacios adecuados y artículos necesarios que satisfagan las necesidades sexuales y reproductivas femeninas. Esto incluye la garantía del derecho al régimen de visitas íntimas, atención médica especializada, y la autonomía para tomar decisiones libres de coerción, discriminación o violencia.

 

La realidad penitenciaria de México, según datos del INEGI, muestra que de todo el sistema penitenciario nacional, solo 11 instalaciones son exclusivas para mujeres, dejando en evidencia una infraestructura insuficiente y poco adecuada para atender las necesidades específicas de la población femenina recluida. La falta de espacios dedicados a la lactancia, maternidad y visitas íntimas adecuadas son solo algunos de los problemas que enfrentan estas mujeres, situaciones que esta iniciativa busca rectificar.

 

Ballesteros Mancilla argumenta que la infraestructura penitenciaria con perspectiva de género no solo es una cuestión de equidad sino también de dignidad humana, enfatizando que la negligencia hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en prisión refleja una falla más amplia en el respeto y la protección de sus derechos fundamentales.