CDMX a 1 de abril, 2024.- En México, un país marcado por años de conflictos y una alarmante tasa de desapariciones forzadas y muertes violentas, surge una iniciativa legislativa que promete un rayo de luz para las víctimas más jóvenes de esta crisis. La diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado una propuesta destinada a modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo es claro: asegurar que los menores de edad afectados por la desaparición forzada o la muerte violenta de sus progenitores, tutores o cuidadores reciban la atención psicológica y el soporte emocional necesario para superar estas traumáticas experiencias.
La iniciativa, que ya ha sido enviada a la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y discusión, busca agregar disposiciones específicas a la ley vigente. Estas incluyen el mandato a autoridades de todos los niveles de gobierno para ofrecer apoyo psicológico especializado, así como medidas de prevención y sanción en casos de violencia que afecten a menores.
Este movimiento legislativo surge en un contexto donde, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, México enfrenta un número desolador de desapariciones, muchas de las cuales involucran a menores de edad. Las repercusiones de estos eventos son profundamente destructivas, no solo en el ámbito emocional y psicológico de los niños y adolescentes directamente afectados, sino también en el tejido social del país.
La propuesta de Luna Ayala destaca la urgencia de abordar el duelo y el trauma emocional antes de que estos desencadenen problemas de salud mental más graves. La legisladora enfatiza que la ausencia de una figura parental debido a circunstancias tan violentas y traumáticas puede tener consecuencias devastadoras en el desarrollo emocional y social de los menores, haciendo de la atención psicológica una necesidad imperante, no solo para el bienestar individual de los niños, sino también para la salud colectiva de la sociedad.
Si se aprueba, esta reforma legislativa no solo ofrecerá un mecanismo de apoyo crucial para los jóvenes afectados por la violencia, sino que también establecerá un precedente importante en la lucha por los derechos de los menores en México, reforzando la red de seguridad social para aquellos en situaciones de extrema vulnerabilidad.
