Ciudad de México, 29 de febrero del 2024 – La iniciativa para aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días para los trabajadores del país, actualmente en debate en el Senado de la República, ha generado una ola de preocupaciones entre la comunidad empresarial, según ha expresado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Aunque el organismo se muestra a favor de las mejoras para los trabajadores, señala que el momento actual, marcado por condiciones complejas para los empresarios en México, podría no ser el más adecuado para implementar tal reforma.
La Coparmex reconoce que, si bien la propuesta tiene el potencial de dignificar a los trabajadores y mejorar su calidad de vida, es crucial considerar el contexto actual que enfrentan las empresas en el país. La entidad ha sido partícipe de importantes avances en el ámbito laboral, incluyendo el aumento del salario mínimo y reformas en materia de pensiones y subcontratación. Sin embargo, advierte que estas mejoras han venido acompañadas de costos adicionales para las empresas sin el respaldo de incentivos que fomenten la creación de empleo formal o el apoyo a micro y pequeñas empresas.
La preocupación principal radica en el impacto económico que representaría duplicar el aguinaldo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 99% del tejido empresarial del país. Según la Coparmex, esta medida podría traducirse en una reducción de la contratación de nuevos empleados y disuadir nuevas inversiones, en un momento en que la economía muestra signos de desaceleración.
Además, existe el temor de que la iniciativa aumente la informalidad laboral, ya que las empresas podrían optar por no formalizar contrataciones para esquivar el costo adicional que implicaría el aumento del aguinaldo. La Coparmex también expresa su preocupación por la posible politización de esta medida, dada su proximidad con el periodo electoral.
Frente a este panorama, la Coparmex hace un llamado al diálogo y a la reflexión, solicitando a los legisladores que consideren todas las voces involucradas antes de proceder a la votación de la iniciativa en el pleno. La entidad aboga por una pausa legislativa que permita evaluar el impacto de las reformas laborales ya implementadas y facilitar la adaptación del sector empresarial a estas nuevas condiciones.
