En un gran avance para los derechos de las mujeres, el Senado de México aprueba reformas para eliminar la violencia obstétrica, garantizando el acompañamiento durante el embarazo y el parto.

CDMX a 10 de abril, 2024.- En un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres embarazadas en México, el Senado de la República ha aprobado una serie de reformas legislativas destinadas a erradicar la violencia obstétrica. Esta medida reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, marcando un avance crucial en la consolidación de un modelo de atención a la mujer embarazada centrado en los derechos humanos y un enfoque multidisciplinario.

 

La reforma legislativa garantiza el derecho de las mujeres embarazadas a estar acompañadas por una persona de su elección durante todas las fases del embarazo, incluyendo la atención prenatal, el trabajo de parto, la cesárea y el puerperio. Este cambio busca promover un entorno de apoyo y confianza para la mujer en un momento crítico de su vida, asegurando un proceso de nacimiento respetuoso y digno.

 

La iniciativa, aprobada con amplio margen, refleja el compromiso del Senado mexicano con el fortalecimiento de la seguridad social y el bienestar de las mujeres y la infancia. Las figuras clave en el proceso legislativo, como la senadora Griselda Valencia de la Mora y el senador Rafael Espino de la Peña, han destacado la importancia de adoptar un modelo de atención humanizado e intercultural que garantice los derechos de las mujeres desde el momento del nacimiento.

 

La senadora Patricia Mercado, representante de Movimiento Ciudadano, jugó un papel crucial en la inclusión del término «persona con capacidad de gestar» dentro de la legislación, un cambio lingüístico que reconoce la diversidad de experiencias reproductivas y promueve la inclusividad.

 

Este proyecto de decreto, ahora remitido a la Cámara de Diputados para su consideración, es un testimonio del progreso legislativo en México en torno a la salud reproductiva y los derechos de las mujeres. Con su eventual implementación, se espera una disminución en los casos de violencia obstétrica, ofreciendo a las mujeres un entorno de atención más seguro y respetuoso.