CDMX a 5 de abril de 2024.-Durante los nueve años de la gestión de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), se implementó una estrategia de sobrestimación del gasto que generó remanentes significativos. Según informó Luis Oswaldo Peralta Rivera, encargado del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo electoral, entre 2014 y 2023 se acumularon remanentes por un total de 10 mil 515 millones de pesos. Sin embargo, de esta suma solo se reintegraron 4 mil 79 millones a la Tesorería.

Durante una reunión con la junta directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Peralta Rivera detalló que se detectó una marcada resistencia a devolver el gasto no ejercido. Explicó que, desde 2015, se observó un patrón en el que, de enero a octubre de cada año, se contenía la erogación en el INE. No obstante, en diciembre se ejercía la mayor parte posible para evitar la devolución a la Tesorería.

Un ejemplo destacado de esta práctica se evidenció en el año 2020, donde se observó un incremento significativo del gasto en diciembre, utilizando parte de los remanentes acumulados. De los mil 348 millones ejercidos en diciembre, el INE solo reintegró 698 millones, destinando el resto a adecuaciones presupuestales y a dos fideicomisos específicos, en lugar de devolver el excedente a la Tesorería.

Según el informe presentado por Peralta Rivera, la mayoría de estos remanentes se destinaron a dos fideicomisos del instituto: 3 mil 116 millones 562 mil 759 pesos al de pasivo laboral y 3 mil 168 millones 879 mil 505 al de infraestructura, atención ciudadana y mejoramiento de módulos.

Uno de los casos emblemáticos de estas presuntas irregularidades fue el gasto relacionado con un supuesto informe de gestión de Lorenzo Córdova. Según el Órgano Interno de Control, el proyecto originalmente planteado como un informe de gestión terminó siendo el pago de tres contratos por un total de 11 millones 614 mil pesos destinados a la asesoría de funcionarios del INE.

Ante las preguntas de los diputados, Peralta Rivera afirmó que, si las investigaciones arrojan responsabilidades administrativas de funcionarios actuales o exfuncionarios del INE, se tomarán medidas disciplinarias apropiadas, incluida la destitución o inhabilitación según corresponda.

A pesar de estas revelaciones, Peralta Rivera aseguró que los problemas administrativos detectados no ponen en riesgo la elección en curso y que el INE cuenta con estabilidad administrativa para enfrentarla.