CDMX a 23 de abril, 2024.- La Cámara de Diputados de México ha aprobado la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, generando un debate profundo y polarizado. Con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, el nuevo esquema busca administrar y entregar los recursos destinados a las pensiones, operando bajo un fideicomiso público no paraestatal con el Banco de México como fiduciario.
Este fondo impactará directamente a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y otras instituciones similares, quienes deberán transferir los recursos de las Subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez a este fondo cuando los trabajadores cumplan 70 años, con notificación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día de la transferencia.
Además, el INFONAVIT deberá transferir los recursos de la Subcuenta de Vivienda de trabajadores que cumplan 70 años y no hayan reclamado estos fondos, a menos que mantengan una relación laboral activa. Similar tratamiento recibirán los trabajadores del Estado a los 75 años.
La reforma legislativa ha sido defendida por figuras como Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, quien argumenta que este fondo busca asegurar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario promedio de cotización, hasta un máximo del salario mensual promedio registrado en el IMSS. Según Cisneros Luján, el sistema actual solo cubre hasta un 45% del salario, lo que conduce a un empobrecimiento durante la vejez.
Sin embargo, críticas vehementes no se han hecho esperar. Desde la oposición, figuras como el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) han cuestionado la constitucionalidad y la efectividad del fondo. Otros críticos, como Tereso Medina Ramírez (PRI), argumentan que el fondo podría resultar en una confiscación de ahorros, particularmente preocupante para trabajadores mayores.
Este fondo se alimentará de diversas fuentes, incluyendo el 75% de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, recuperación de adeudos de entidades con instituciones federales de seguridad social, y los rendimientos de inversiones realizadas.
