CDMX a 1 de abril, 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado públicamente un intento por parte de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de prohibir su reciente obra “¡Gracias!”, lanzada en febrero. La acusación del presidente resuena con un llamado a la libertad de expresión y evoca imágenes de censura reminiscentes de la época de la Inquisición.
El mandatario, conocido por su crítica hacia las instituciones que considera contrarias a su proyecto de nación, identificó al magistrado implicado por el apellido Franco, aunque especificó que la petición original provino de un tercero, cuyo nombre no reveló. Esta situación pone de relieve las tensiones existentes entre el poder ejecutivo y algunas facciones del sistema judicial y electoral mexicano.
El proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón, uno de los magistrados del TEPJF, se encuentra en el centro de la controversia. Este busca ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) para admitir una queja presentada por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial y opositora de López Obrador, quien acusa al presidente de promover a Claudia Sheinbaum, otra candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia“, a través de su libro.
La queja de Gálvez Ruiz incluye acusaciones de uso indebido de recursos públicos y de violar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el contexto electoral. Aunque inicialmente desestimada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE por considerar insuficientes las pruebas presentadas, el magistrado Rodríguez Mondragón argumenta que la Unidad no actuó conforme a derecho.
El intento de censura a “¡Gracias!” ha despertado un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto político y la autonomía de los mandatarios para participar en la esfera pública y literaria. Este evento no solo refleja las complejidades de la legislación electoral mexicana sino que también resalta la polarización política en el país.
A la espera de la decisión final del TEPJF, la comunidad literaria, los activistas de derechos humanos y la población en general observan atentamente, conscientes del precedente que este caso podría establecer para la expresión política y creativa en México.
