GRO a 15 de marzo de 2024.-En medio de una creciente crisis política, el estado de Guerrero se encuentra convulsionado por la reciente ola de renuncias y tensiones entre altos funcionarios del gobierno estatal. En un giro que refleja la gravedad de la situación, la gobernadora Evelyn Salgado ha aceptado las dimisiones del secretario de Seguridad y el secretario de Gobierno estatales, Rolando Solano Rivera y Ludwig Marcial Reynoso, respectivamente. Estas renuncias marcan los primeros golpes en la purga de responsabilidades desencadenada por el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, a manos de la policía estatal.
El incidente que ha desatado esta crisis ocurrió cuando un agente de la policía del Estado fue acusado de la muerte de Gómez Peralta, un normalista de Ayotzinapa. Este agente, tras ser arrestado, logró escapar de las autoridades y actualmente se encuentra prófugo. En respuesta a este suceso, la gobernadora Salgado ha exigido la destitución de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, quien es una militar en activo y ha sido criticada por diversas asociaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la situación ha tomado un giro aún más tenso, ya que Valdovinos se ha negado a dejar su cargo, desencadenando así un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En una declaración oficial, Valdovinos expresó su disposición a defender su posición a través de los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su remoción.
La confrontación ha alcanzado nuevos niveles con la notificación de Salgado al Congreso estatal para la remoción inmediata de Valdovinos. Según lo estipulado en la Constitución del Estado, Salgado ha justificado su acción argumentando sus facultades para remover a la titular del Ministerio Público bajo ciertas condiciones.
El respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia Salgado ha añadido más combustible a este conflicto político en aumento. Mientras tanto, Anacleta López Vega asume la Secretaría de Gobierno en sustitución de Ludwig Marcial Reynoso.
El trasfondo de esta crisis política es la persistente e irresuelta desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi una década, un tema que continúa resonando con fuerza en las calles y en los despachos gubernamentales de Guerrero.
Esta escalada de tensiones también refleja un incremento en el poder de los militares que ocupan cargos públicos de alta responsabilidad, una tendencia que ha ganado fuerza durante la Administración de López Obrador. La designación de Valdovinos Salmerón, teniente coronel del Ejército, como fiscal general del estado, a pesar de las críticas y acusaciones de organizaciones de derechos humanos, subraya esta dinámica.
En medio de esta crisis política en evolución, la sociedad guerrerense enfrenta incertidumbre sobre el futuro de su gobierno y la capacidad para abordar los desafíos de seguridad y justicia que persisten en la región.
