Gro 15 de marzo de 2024.-En un giro dramático, el estado de Guerrero se encuentra inmerso en una profunda crisis política desencadenada por el asesinato a manos de la policía estatal de Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años. En las últimas 24 horas, este conflicto ha escalado a nuevas alturas con la renuncia del secretario de Seguridad y el secretario de Gobierno estatales, Rolando Solano Rivera y Ludwig Marcial Reynoso, respectivamente, marcando así los primeros sacrificios en la purga de responsabilidades.
La gobernadora, Evelyn Salgado, ha aceptado estas dimisiones en un intento por calmar las aguas agitadas de un estado sumido en la incertidumbre y la indignación. Sin embargo, su movimiento más audaz ha sido dirigido hacia la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, una figura controvertida criticada por asociaciones de derechos humanos y señalada por su presunto papel en la crisis de seguridad que azota a Guerrero.
La confrontación entre Salgado y Valdovinos ha alcanzado su punto álgido con la exigencia de la destitución inmediata de la fiscal por parte de la gobernadora. Sin embargo, Valdovinos se ha aferrado a su cargo, argumentando la necesidad de seguir los procedimientos constitucionales y legales para su remoción. Este enfrentamiento promete desatar una batalla institucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, dejando al descubierto las grietas dentro del sistema de gobierno del estado.
El respaldo de Salgado por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria de prensa, ha arrojado más leña al fuego, subrayando la división política que caracteriza la situación en Guerrero. Mientras tanto, la detención de dos policías presuntamente implicados en el crimen de Gómez Peralta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado calmar las tensiones, ya que el principal sospechoso sigue prófugo.
El trasfondo de esta crisis está marcado por la desaparición aún sin resolver de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi una década, un caso que sigue resonando con fuerza en las calles y los despachos gubernamentales guerrerenses. Esta situación ha exacerbado las demandas de justicia y transparencia en un estado donde la impunidad y la violencia son moneda corriente.
La guerra abierta entre la gobernadora Salgado y la fiscal Valdovinos también ha puesto de relieve la creciente influencia de los militares en cargos de alta responsabilidad pública durante la administración de López Obrador. Valdovinos, teniente coronel del Ejército, fue nombrada por petición expresa del presidente, a pesar de las críticas y denuncias en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos y despidos injustificados en el Ministerio Público.
En este clima de incertidumbre y tensión política, Guerrero se enfrenta a un futuro incierto, donde la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad se entrelazan con los conflictos de poder y las disputas internas en el gobierno estatal. Mientras tanto, la sociedad guerrerense continúa exigiendo respuestas y soluciones a una crisis que parece no tener fin.
