Familiares de víctimas critican la falta de sensibilidad y preparación de Servidores de la Nación en el proceso de censo.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre de 2023.- La actualización en marcha del registro nacional de personas desaparecidas ha suscitado desconfianza y críticas por parte de varios colectivos de familiares de víctimas, que cuestionan la metodología y el abordaje utilizado por el personal encargado.

En declaraciones recientes, representantes de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Proyecto de Búsqueda de Guanajuato y Mariposas Buscando Corazones y Justicia subrayaron su desconcierto respecto a la forma en que Servidores de la Nación están llevando a cabo el censo. Estos servidores, que cuestionan directamente a las familias sobre el retorno de sus seres queridos, han sido acusados de revictimizar a los afectados por su falta de preparación y sensibilidad.

Grace Fernández, quien busca a su hermano desaparecido desde 2008 en Coahuila, expuso que hay casos en los que las mismas víctimas son señaladas como ocultadoras de información sobre los desaparecidos. Mientras que Hermelinda Ruiz del colectivo Mariposas, condenó el enfoque superficial del personal de la Secretaría de Bienestar que, según denuncia, pregunta aleatoriamente en las calles sobre personas desaparecidas.

Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda Guanajuato, hizo hincapié en la falta de protocolos claros y adecuados al visitar a las familias, reafirmando la falta de preparación y comprensión por parte de los encargados.

En respuesta a las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, donde aseguró que no se han dado órdenes de desaparición durante su administración, Fernández apuntó que el problema radica en la impunidad y la delincuencia, lo que perpetúa la crisis de desaparecidos en México, incluso sin órdenes explícitas.

Hermelinda Ruiz, quien busca a su hijo desaparecido desde 2020 en Tamaulipas, destacó la grave realidad: de las más de 112 mil personas desaparecidas, solo 38 casos han llegado a juicio y apenas ocho han recibido sentencias condenatorias. Para Montoya, esta situación de desapariciones, sumada al rezago forense existente, representa uno de los desafíos más grandes que enfrenta el país.