CDMX a 1 de julio, 2024.- El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado una iniciativa de reforma a la Constitución Política de México con el objetivo de que la persona a cargo de la Presidencia de la República informe sobre su estado de salud, incluida su salud mental. Esta medida busca asegurar que quien lidera el país esté en óptimas condiciones para ejercer sus funciones.
«Es crucial que el Presidente o la Presidenta mantenga una salud óptima para el ejercicio del gobierno, incluyendo su salud mental. Esto garantizará que estén en condiciones de proteger la soberanía y seguridad del país», explicó Ramírez Barba en un comunicado.
La propuesta establece que, durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año del Congreso, el Presidente o la Presidenta presente un informe clínico actualizado en versión pública que certifique su buen estado de salud mental y la ausencia de enfermedades incapacitantes.
Ramírez Barba también destacó que este requisito deberá ser acreditado mediante estudios clínicos y dictámenes médicos conforme a las normas aplicables, los cuales deberán hacerse públicos. «Es información de interés público saber si el mandatario federal padece alguna enfermedad incapacitante», enfatizó.
El diputado recordó que en otros países, como Estados Unidos, es común que se divulgue el estado de salud de los presidentes. Por ejemplo, los chequeos médicos del presidente Joe Biden están disponibles en la página oficial de la Casa Blanca. En contraste, en México no ha existido voluntad política para divulgar el estado de salud de los mandatarios, incluso en situaciones de hospitalizaciones y cirugías.
«Un presidente debe estar en pleno goce de sus capacidades físicas y mentales para cumplir con sus responsabilidades, que incluyen promulgar y ejecutar leyes, preservar la seguridad nacional y dirigir la política exterior», afirmó Ramírez Barba.
El diputado también mencionó que la falta de transparencia sobre la salud del presidente puede generar incertidumbre política y afectar la confianza pública y los mercados internacionales. Además, puede comprometer la capacidad de respuesta a crisis nacionales e internacionales y debilitar las relaciones diplomáticas del país.
«La ley debe garantizar a los ciudadanos el derecho a estar informados sobre las condiciones de salud de su mandatario, evitando así especulaciones y asegurando una gestión efectiva», concluyó Ramírez Barba.
