HGO a 14 de mayo de 2024.-El clima político en Hidalgo ha sido empañado por una serie de actos de violencia y agresión dirigidos contra candidatas del partido Morena en diversas demarcaciones del estado. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, ha levantado la voz para denunciar públicamente estos incidentes, resaltando la preocupación por la integridad física y moral de las candidatas afectadas.
Cuatro denuncias por violencia política en razón de género han sido interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo (FEDEH) por candidatas a la presidencia municipal por parte de Morena. Marco Antonio Rico Mercado ha destacado que las localidades de Huazalingo, Progreso, Apan y Omitlán son los epicentros de estos ilícitos, donde las candidatas han sido objeto de amenazas, agresiones físicas y calumnias.
Entre las denunciantes se encuentra Zorayda Robles Barrera, candidata por Apan, quien desde el pasado 28 de marzo ha estado enfrentando una serie de amenazas tanto telefónicas como a través de redes sociales, además de haber sido víctima de un ataque físico durante un mitin político. Robles Barrera ha solicitado protección a las autoridades y cuenta con el respaldo de patrullas de respuesta inmediata para salvaguardar su seguridad y la de su familia.
Otra candidata afectada es Martha Oliver González, postulante a la presidencia municipal de Omitlán, quien ha señalado al Partido del Trabajo (PT) y a su candidato al Senado de la República, Damián Sosa Castelán, por calumnia y violencia política en razón de género. Oliver González denunció públicamente que se ha difundido información falsa sobre ella, implicando que su postulación está ligada a una supuesta relación personal con un funcionario público del gobierno estatal.
Ante esta situación, las candidatas afectadas han instado a la FEDEH a tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y proteger su integridad física y moral. Han exigido una actuación pronta y expedita por parte de las autoridades competentes para investigar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia política en razón de género.
En un contexto donde la participación política de las mujeres sigue enfrentando obstáculos y riesgos, es fundamental que las instituciones electorales y de procuración de justicia actúen con determinación y celeridad para garantizar un proceso electoral libre de violencia y discriminación. La sociedad civil y los diversos actores políticos también tienen la responsabilidad de condenar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en el ámbito político.
