CDMX a 8 de abril, 2024.- En un avance significativo hacia la inclusión y representación equitativa, el proceso electoral mexicano introduce una normativa pionera que obliga a los partidos políticos a cumplir con cuotas de género y diversidad para garantizar la presencia en el Congreso de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Este cambio, instigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y respaldado por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), promete remodelar el panorama político nacional, ofreciendo una plataforma a voces hasta ahora marginadas.
La investigación “Desafíos de los criterios de adscripción grupal en el diseño de acciones afirmativas para personas en situación de discriminación y subrepresentación”, conducida por Susana Ramírez Hernández de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), arroja luz sobre las implicaciones de esta medida. El estudio resalta la falta de legislación específica en torno a las acciones afirmativas electorales, situación que ha llevado al TEPJF a reconocer la autoridad del INE para establecer regulaciones en este ámbito.
Según el acuerdo aprobado por el INE, los partidos políticos ahora están obligados a incluir en sus listas electorales un número mínimo de candidaturas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes. Concretamente, para la Cámara de Diputados se exigen 34 candidaturas indígenas, 4 afromexicanas, 8 con discapacidad, 3 de la diversidad sexual y 5 migrantes. En cuanto al Senado, se requiere de 5 candidaturas indígenas, así como al menos una candidatura para cada uno de los otros grupos mencionados.
Este movimiento hacia una mayor inclusión se celebra como un paso crucial en la dirección correcta para reflejar la diversidad de la sociedad mexicana en sus estructuras de poder legislativo. Al abrir las puertas del Congreso a grupos tradicionalmente subrepresentados, México se embarca en un viaje hacia un sistema político más equitativo y representativo.
Además, este cambio no solo pretende mejorar la representación en términos numéricos, sino que también busca enriquecer el debate legislativo con perspectivas diversas y experiencias vitales que, hasta ahora, han tenido poco espacio en el discurso político nacional. Al hacerlo, se espera no solo avanzar en la igualdad de género, sino también en la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión social.
