México lleva a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia tras el asalto a su embajada en Quito.

CDMX a 11 de abril, 2024.- En una acción sin precedentes que profundiza las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia. El motivo: el asalto a la embajada de México en Quito, un suceso que ha estremecido los cimientos de las relaciones internacionales y puesto a prueba los principios del derecho internacional.

 

El 5 de abril, en un incidente que capturó la atención mundial, las fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática mexicana, deteniendo al exvicepresidente Jorge Glas y agrediendo a dos funcionarios mexicanos, Roberto Canseco y Eva Martha Balbuena. Este acto, considerado por el gobierno mexicano como una clara violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ha llevado a México a buscar justicia en el ámbito internacional.

 

Durante la conferencia mañanera, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, delineó los reclamos de México hacia Ecuador, exigiendo no solo una disculpa pública sino también la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre las peticiones detalladas, México busca que se reconozca la responsabilidad de Ecuador por las violaciones a sus obligaciones internacionales y se repare el daño moral infligido al Estado mexicano y a sus ciudadanos.

 

La demanda presentada busca establecer un precedente en el sistema multilateral, señalando la importancia de condenar y sancionar violaciones graves a los principios y normas fundamentales del derecho internacional para evitar futuros actos de impunidad. Bárcena enfatizó que el objetivo de México es recurrir a la justicia internacional para asegurar que incidentes como el asalto a la embajada no se repitan.

 

La ruptura de relaciones comerciales entre México y Ecuador, incluyendo la suspensión de negociaciones para un tratado de libre comercio, subraya la seriedad con la que el gobierno mexicano está abordando el asunto. Además, la convocatoria por parte de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para una reunión de jefes de Estado, sugiere que el incidente podría tener repercusiones más amplias dentro de la comunidad internacional.

 

Este caso representa un momento crítico para el derecho internacional, destacando la importancia de proteger la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y asegurar el respeto a los convenios internacionales que rigen las relaciones entre los Estados. Con el mundo observando, la resolución de este conflicto podría marcar un hito en la diplomacia internacional y en la protección de los derechos y la soberanía de las naciones.