CDMX a 24 de abril, 2024.- Un nuevo informe detallado presentado por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria del PRD expone graves fallas en la política migratoria de México y las circunstancias que llevaron a un devastador incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, donde 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron heridas.
El documento, titulado “Incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez. No nos dejen morir aquí”, fue elaborado por Jerónimo del Río y Helen Kerwin bajo la coordinación de Ana Lorena Delgadillo Pérez, con la colaboración de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
El senador Álvarez Icaza calificó el suceso como un «crimen de Estado», apuntando a una serie de errores y negligencias que no solo se limitaron al trágico día del incendio, sino que forman parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos contra los migrantes. Desde detenciones arbitrarias en retenes hasta la falta de condiciones adecuadas en las instalaciones de detención, el informe destaca una serie de deficiencias críticas.
Las condiciones descritas en el informe incluyen la falta de alimentos, agua potable, y medidas básicas de protección civil como extintores o protocolos de emergencia. Además, se documentaron múltiples agresiones físicas y verbales por parte del personal de seguridad y del Instituto Nacional de Migración.
El informe también destaca que este no fue un incidente aislado; desde 2019, se registraron 14 incendios en diferentes estaciones migratorias, subrayando la crónica falta de seguridad y atención adecuada para los detenidos.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, reaccionó al informe argumentando que México necesita desarrollar una política migratoria que respete los derechos humanos y ofrezca condiciones dignas para todos los migrantes. Mencionó que es esencial ser coherentes en el trato a los migrantes si México quiere tener la legitimidad para exigir un trato justo para sus ciudadanos en el extranjero.
Laurence Pantin, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló que el uso de la detención como una política central es violatorio de los estándares internacionales de derechos humanos y debe ser revisado urgentemente.
Este informe llega en un momento crucial, proporcionando un análisis detallado y un llamado a la acción para reformar profundamente la política migratoria de México y asegurar la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
