CDMX a 4 de abril, 2024.- En un paso significativo hacia la igualdad de género, el Senado de la República ha aprobado por unanimidad una reforma legislativa diseñada para garantizar el acceso igualitario y equitativo de las mujeres a los programas de desarrollo social. Esta medida, respaldada con 82 votos a favor, marca un avance crucial en la lucha por la equidad de género en México, y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración final.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Eunice Renata Romo Molina, destacó la importancia de este dictamen, fundamentado en la perspectiva de género y la transversalidad de los derechos humanos, para asegurar que las políticas y programas de desarrollo social sean inclusivos y equitativos. Romo Molina señaló que, aunque los esfuerzos del Gobierno Federal han sido positivos, es imperativo realizar ajustes para fortalecer las acciones ejecutivas en favor de la igualdad.
Esta reforma propone un cambio radical en la política nacional de desarrollo social, sujeta al principio de perspectiva de género, transformando la igualdad en un derecho fundamental para el desarrollo del país. Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, enfatizó que los apoyos a personas o grupos vulnerables se otorgarán siempre bajo los principios de igualdad y no discriminación, buscando construir una sociedad inclusiva donde el género o cualquier otra característica deje de ser un factor de desigualdad.
La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena subrayó que esta iniciativa armoniza las leyes, fortalece el acceso al desarrollo social y ajusta el marco normativo a una perspectiva de género, contribuyendo así a la universalización de los programas sociales.
Sergio Pérez Flores, vicepresidente de la Mesa Directiva, mencionó que esta reforma beneficiará especialmente a jefas de familia y madres solteras, permitiéndoles acceder de manera justa a los programas sociales federales.
Ángel García Yáñez, senador por el PRI, resaltó la importancia de combatir la discriminación en la entrega de programas sociales como un elemento crucial para garantizar la equidad y justicia en la distribución de estos beneficios, fortaleciendo con ello el marco jurídico hacia una política social más justa e igualitaria.
Este histórico avance legislativo representa un compromiso firme con la igualdad de género y la no discriminación, sentando las bases para una sociedad más inclusiva y equitativa en México.
