CDMX a 11 de abril, 2024.- En un giro político y legal sin precedentes, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, bajo la presidencia de Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, han aprobado un proyecto de ley que redefine el panorama de la justicia y el amparo en México. La propuesta extiende la facultad del Ejecutivo Federal para otorgar amnistía directamente a individuos que contribuyan significativamente al esclarecimiento de casos de interés para el Estado, además de una polémica reforma a la Ley de Amparo que limita las suspensiones con efectos generales.
Con 18 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, el dictamen propone adiciones críticas a la Ley de Amnistía, ofreciendo un camino para la absolución penal de aquellos que, estando involucrados, procesados o sentenciados por delitos, aporten pruebas valiosas para resolver investigaciones clave. Esta medida busca, según sus proponentes, facilitar el acceso a «verdades históricas» y avanzar en la justicia social, remarcando la intención de alcanzar a los autores intelectuales de crímenes que han quedado impunes.
Sin embargo, esta reforma ha encendido un debate acalorado entre los legisladores. Voces críticas como las de Damián Zepeda Vidales, del PAN, y Mario Zamora Gastélum, del PRI, cuestionan la concentración de poder en manos del Ejecutivo y las implicaciones que esta reforma tendría en la división de poderes y en la proximidad de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, desde el lado de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, se denuncia un intento por reinstaurar un «hiperpresidencialismo» y debilitar el poder judicial, respectivamente.
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada con 19 votos a favor y 13 en contra, apunta a un tema igualmente divisivo: la restricción de las suspensiones provisionales y definitivas con efectos generales contra leyes expedidas por el Congreso. Defendida por algunos como una necesidad para evitar el abuso del sistema de amparo y asegurar la implementación legislativa, esta propuesta ha sido criticada por limitar un recurso crucial para la defensa de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad.
Los detractores de esta reforma, incluidos Damián Zepeda Vidales y Claudia Ruiz Massieu, advierten que la modificación podría erosionar la protección jurídica de los ciudadanos y la capacidad de los jueces para actuar en el interés público. La preocupación central radica en que la limitación de las suspensiones generales podría dejar sin efecto un mecanismo esencial para la protección colectiva ante leyes potencialmente violatorias de derechos.
Este conjunto de reformas propuestas representa un punto de inflexión en la política y la justicia mexicanas, con potenciales implicaciones profundas tanto para el sistema legal como para la estructura del poder político. Mientras los proponentes argumentan la necesidad de estas medidas para esclarecer casos importantes y racionalizar el uso del amparo, los críticos ven en ellas un desafío a la división de poderes y una amenaza al estado de derecho.
