CDMX a 4 de abril, 2024.- En un movimiento transformador hacia la participación ciudadana en la gestión de emergencias, la Cámara de Senadores ha dado luz verde a una reforma legislativa que promete cambiar el panorama de la protección civil en México. Con un contundente respaldo de 83 votos, la reforma a la Ley General de Protección Civil busca integrar a grupos vecinales y organizaciones de la sociedad civil, dotados de conocimiento, experiencia y equipos necesarios, en las filas de voluntarios acreditados para colaborar en tareas de protección civil.
Esta iniciativa, que ahora se dirige a la Cámara de Diputados para su aprobación final, resalta el valor y la importancia de la sociedad civil en la defensa y respeto de los derechos humanos, así como en la asistencia y apoyo a terceros sin fines de lucro. La reforma subraya que estas organizaciones no buscan beneficios personales, sino el bienestar comunitario, una filosofía que resonará en las acciones de rescate y auxilio, administración de albergues, atención médica de urgencia, y más, especialmente ante desastres naturales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, enfatizó el carácter no lucrativo y socialmente beneficioso de las organizaciones civiles y los grupos vecinales. La reforma, según Espino de la Peña, apunta a una mayor coordinación y un actuar altruista y comprometido de los voluntarios en momentos de necesidad.
Lucía Trasviña Waldenrath y Gina Andrea Cruz Blackledge, ambas voces importantes en el Senado, resaltaron la crucialidad de la sociedad civil en la protección civil, especialmente en un país como México, susceptible a desastres naturales. La nueva ley busca eliminar barreras burocráticas que hasta ahora han retrasado la rápida respuesta de los voluntarios en situaciones de emergencia, poniendo en primer plano la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Esta reforma representa un paso significativo hacia el empoderamiento de los ciudadanos en la gestión de emergencias, fomentando una cultura de resiliencia y corresponsabilidad entre el gobierno y la población. Al reconocer y formalizar la participación de grupos vecinales y organizaciones civiles en la protección civil, México se encamina hacia un modelo de gestión de desastres más inclusivo, eficiente y humano.
