Zacatecas a 8 de marzo, 2024.- La decisión del Gobierno de Zacatecas de cancelar la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, prevista del 15 al 30 de marzo de 2024, ha generado una ola de indignación y descontento entre colectivos de buscadores y la sociedad en general. Este aplazamiento, argumentado por posibles infracciones a las leyes electorales durante el periodo de campañas, ha sido recibido con escepticismo y acusaciones de obstrucción por parte de las autoridades hacia los esfuerzos de búsqueda de las familias afectadas.
La Unión de Colectivos de Buscadoras de Personas Desaparecidas en Zacatecas ha estado en diálogo con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía estatal de búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del estado por más de seis meses. La cancelación, comunicada a través de un oficio del Instituto Nacional Electoral (INE) fechado el 4 de marzo, ha dejado más preguntas que respuestas sobre cómo la actividad infringiría el proceso electoral.
La frustración de los colectivos radica en la falta de claridad y justificación sobre la decisión, así como en el temor de que esta cancelación retrase aún más la crucial labor de localización de sus seres queridos. Esta situación ha llevado a las organizaciones a exigir una reunión urgente con las autoridades para replantear y garantizar la continuidad de las jornadas de búsqueda, subrayando que sus acciones y posturas son independientes de cualquier inclinación política y se centran exclusivamente en la búsqueda de justicia y verdad.
La polémica resalta una vez más el complejo panorama que enfrenta México en términos de personas desaparecidas, un tema que continúa siendo una herida abierta en el tejido social del país. Zacatecas, en particular, se ha visto gravemente afectado por este fenómeno, con familias y colectivos trabajando incansablemente para localizar a sus seres queridos en un contexto de violencia e impunidad.
La cancelación de la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda no solo pone en pausa la esperanza de muchas familias, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y compromiso por parte de las autoridades para no dejar que procedimientos electorales interfieran con los derechos humanos y la búsqueda de justicia. La comunidad internacional y los ciudadanos de Zacatecas esperan ahora una respuesta que pueda reconciliar los procesos electorales con la imperiosa necesidad de continuar las búsquedas, demostrando que la dignidad y los derechos de las víctimas y sus familias son siempre la prioridad.
