Por Bruno Cortés
En un contexto marcado por el aumento de la violencia y la crisis de desapariciones forzadas en México, la comunidad internacional ha elevado su voz, reflejando profunda preocupación y llamando a acciones concretas para revertir esta alarmante tendencia. Desde la solidaridad expresada por figuras como el Rey Felipe VI de España hasta las advertencias y condenas emitidas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros, el mensaje es unánime: México enfrenta una situación crítica que demanda atención y soluciones urgentes.
El gesto del Rey Felipe VI al reconocer el valor de las familias mexicanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y al otorgar el Premio de Derechos Humanos Rey de España a la ONG Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) trasciende el simbolismo; representa un eco de solidaridad que resuena en los corredores del poder global, evidenciando el reconocimiento de una crisis de derechos humanos que México y el mundo no pueden seguir ignorando.
La preocupación de Estados Unidos sobre la violencia en México, especialmente en lo relacionado con el tráfico de fentanilo y el flujo de armas, subraya la complejidad de una problemática que trasciende fronteras. Las declaraciones de funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden, sobre el papel de las armas de fuego «peligrosas» en la exacerbación de la violencia, apuntan a una responsabilidad compartida y a la necesidad de cooperación binacional para enfrentar este desafío.
Por su parte, la ONU no ha escatimado en expresar su alarma y condena frente a la violencia que azota a México, especialmente contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Las recomendaciones emitidas en el Examen Periódico Universal (EPU) reflejan un consenso internacional sobre la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a las víctimas y combatir la impunidad.
Organismos de derechos humanos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) y Amnistía Internacional, han puesto de manifiesto su condena y preocupación por la violencia estructural, la militarización de la seguridad pública, y la violencia contra las mujeres en México. Estas voces críticas resaltan la importancia de un compromiso firme y continuo por parte del gobierno mexicano para atender y resolver estas problemáticas.
Este panorama desolador nos obliga a reflexionar sobre la gravedad de la situación y la necesidad de unir esfuerzos a nivel nacional e internacional para hacer frente a una crisis que no solo atenta contra la seguridad y el bienestar de los mexicanos, sino que también erosiona los fundamentos de los derechos humanos y la dignidad humana. La violencia en México no es un problema aislado; es un desafío global que demanda una respuesta coordinada, decidida y humanitaria.
