CDMX a 2o de marzo de 2024.-En una enérgica reacción a la aprobación de la Ley SB4 en Texas, Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó como una medida «draconiana» e «injusta», señalando que viola los derechos humanos y hasta preceptos bíblicos. La ley, que entra en vigor hoy, autoriza a las autoridades estatales a detener y deportar a personas sospechosas de haber ingresado al país de manera ilegal.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano expresó su oposición firme a esta legislación, argumentando que va en contra del derecho internacional y que es competencia exclusiva del gobierno federal regular cuestiones migratorias. López Obrador criticó la hipocresía de algunas autoridades que, a pesar de jurar ante la biblia, respaldan leyes que contravienen principios básicos de convivencia humana y religiosos, como el trato justo al forastero y el amor al prójimo.
El presidente mexicano subrayó que su administración no aceptará las deportaciones resultantes de esta ley, advirtiendo que se tomarán medidas diplomáticas enérgicas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, enfatizó que el gobierno federal de Estados Unidos también se opone a esta medida, y que están en constante comunicación para abordar el tema.
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado ayer reprobando la legislación SB4, denunciando que promueve la criminalización de migrantes y perpetúa la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial. México rechaza categóricamente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales realizar labores de control migratorio y retornar personas a territorio mexicano.
La Ley SB4 es considerada una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de Estados Unidos. Penaliza como delito menor el ingreso irregular al estado desde el extranjero, y como crimen grave, castigable con hasta 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La postura firme del presidente López Obrador refleja el compromiso de México con los derechos humanos y la defensa de sus ciudadanos en el extranjero. Se espera que esta controversia genere tensiones diplomáticas entre ambos países, mientras el gobierno mexicano busca proteger los derechos de sus ciudadanos y defender los principios de solidaridad y respeto mutuo entre naciones.
