Ciudad de México, 3 de marzo de 2024.- En un periodo de cuatro años, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha recibido un total de 13,125 denuncias ciudadanas por diversas irregularidades en las 16 alcaldías de la capital, revelando un panorama de descontento y exigencia de transparencia por parte de la población. Sorprendentemente, el 70% de estas denuncias se dirigieron hacia alcaldías bajo la administración de partidos de oposición, llevando a sanciones contra 1,857 funcionarios.
La alcaldía de Álvaro Obregón, liderada por el Partido Acción Nacional (PAN), se sitúa en el epicentro de esta crisis de confianza, acumulando la mayor cantidad de denuncias con un total de 1,917, lo que equivale a más de una querella diaria en promedio. Sin embargo, solo 20 servidores públicos han sido sancionados con medidas como amonestaciones o suspensión de sueldos y funciones, lo que ha generado críticas por la aparente falta de resultados efectivos de la Secretaría de la Contraloría.
Un caso emblemático en Álvaro Obregón es la investigación, que tras casi dos años, fue archivada sin encontrar elementos de prueba sobre la denuncia de compra a sobreprecio de mil cámaras de vigilancia por 40 millones de pesos. Esta decisión ha causado indignación entre los vecinos y el concejal Ángel Tamariz, quienes habían presentado cotizaciones significativamente menores para el mismo equipo.
Por otro lado, la alcaldía Cuauhtémoc, con 1,439 denuncias, y Benito Juárez, donde se investiga una red de corrupción inmobiliaria, destacan también por el número de funcionarios sancionados, siendo 47 y 146 respectivamente. Este último caso resalta la frustración de los vecinos y concejales con el proceso de denuncia en la Contraloría Interna, considerándolo inefectivo.
Mientras tanto, en Coyoacán, las sanciones alcanzaron a 129 funcionarios a raíz de 1,176 denuncias que incluyen presuntos actos de corrupción en la gestión de espacios deportivos. Sin embargo, es en las demarcaciones gobernadas por el PRI y Morena, como Contreras e Iztapalapa, donde se registró el mayor número de funcionarios castigados, con 207 y 199 respectivamente, demostrando que la problemática de irregularidades y corrupción afecta a un espectro político amplio.
