Ciudad de México, 06 de febrero de 2024.- En un giro decisivo hacia la reconfiguración del panorama político y social de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado un extenso conjunto de iniciativas de reformas constitucionales. Este paquete de propuestas, compuesto por 20 puntos, apunta a una reestructuración profunda que incluye desde la revisión del régimen de pensiones hasta cambios radicales en el Poder Judicial, marcando una clara distinción con las políticas implementadas durante el periodo neoliberal.
Entre las reformas más destacadas se encuentra la reversión del régimen de pensiones reformado por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que según López Obrador, ha perjudicado injustamente a los trabajadores, limitando su capacidad para jubilarse con el 100% de su salario. Para rectificar este agravio, se ha anunciado la creación de un fondo con 64 mil 619 millones de pesos destinado a compensar a los trabajadores afectados, efectivo a partir del primero de mayo.
Además, el paquete propone una reforma electoral que incluye la eliminación de diputados y senadores plurinominales, reduciendo significativamente el tamaño del Congreso. Se busca también fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un carácter público y estratégico, prohibiendo prácticas como el fracking y la minería a cielo abierto, así como el cultivo de maíz transgénico.
Una de las propuestas más revolucionarias es la elección directa por parte del pueblo de jueces, magistrados y ministros, en un esfuerzo por democratizar el Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía. López Obrador afirmó que «sólo el pueblo puede salvar al pueblo», subrayando la necesidad de un cambio sustancial en la manera en que se eligen estos cargos.
En materia de austeridad republicana, se pretende reforzar el principio de que ningún servidor público gane más que el presidente, eliminando privilegios y gastos excesivos en todos los niveles del gobierno federal. Esta medida busca materializar las ideologías de Benito Juárez respecto a la humildad y la responsabilidad en el servicio público.
El presidente no ha dejado de lado la política social, anunciando medidas para reducir la edad de jubilación, universalizar la ayuda para personas con discapacidad y elevar programas sociales a rango constitucional. Además, se plantea un reconocimiento más amplio a los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizando su derecho a ser consultados en proyectos que puedan impactar su entorno y vida comunitaria.
Este conjunto de reformas, si bien ambicioso, ha generado un debate intenso sobre el futuro de México y su estructura política y social. Mientras algunos ven en estas propuestas una oportunidad para corregir injusticias y fortalecer el carácter público de las instituciones, otros expresan preocupación por la viabilidad y los efectos a largo plazo de tales cambios radicales.
