CDMX a 7 de febrero, 2024.- En un movimiento que ha generado amplio debate y atención pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición de una obra de arte para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con un costo de 2 millones 450 mil pesos.
La obra, una réplica de la emblemática «Piedra del Sol» o Calendario Azteca, ha sido el centro de una controversia que pone en juego la transparencia gubernamental y el uso de recursos públicos.
El INAI ha tomado una postura firme en favor de la transparencia, exigiendo que se desclasifiquen los nombres del personal militar involucrado en la compra de la escultura. La institución argumenta que ocultar esta información contribuye a la opacidad y podría ser un caldo de cultivo para diversas irregularidades
Esta decisión se basa en el principio de que la difusión de datos sobre funcionarios públicos involucrados en contrataciones no pone en riesgo aspectos críticos como la seguridad nacional o la defensa del Estado mexicano.
La «Piedra del Sol» adquirida por la Sedena es una réplica del famoso monolito azteca, considerado uno de los símbolos más representativos de la civilización mexica.
La escultura, conformada por 16 fojas, fue destinada a adornar el AIFA, un proyecto que ha sido emblemático para la actual administración.
La orden del INAI no solo pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública, sino que también suscita preguntas sobre la priorización de gastos en proyectos gubernamentales. La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, ha enfatizado que todas las entidades que manejan recursos públicos, incluidas las Fuerzas Armadas, están obligadas a rendir cuentas.
Este caso subraya la necesidad de un compromiso continuo con la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno. La decisión del INAI es un recordatorio de que la gestión de los recursos públicos debe realizarse de manera abierta, permitiendo a los ciudadanos acceder a información clave que pueda identificar posibles focos de corrupción.
