CDMX a 16 de febrero, 2024.- En un giro dramático en la lucha contra la corrupción, el Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha intensificado sus esfuerzos para recuperar 634 millones de dólares presuntamente desviados en una compleja red de corrupción vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, México ha presentado un caso en una corte de Florida, Estados Unidos, buscando justicia y la recuperación de fondos que, según alega, fueron transferidos ilícitamente a través de paraísos fiscales y contratos corruptos con el Grupo Weinberg.
La investigación revela una intrincada red de corrupción y lavado de dinero que involucra a 3,115 personas y 2,087 empresas, destacando la profundidad y complejidad del caso.
La UIF ha presentado 40 denuncias basadas en investigaciones recientes, además de 96 denuncias proactivas y 70 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que subraya el compromiso del gobierno actual en combatir la corrupción y el lavado de dinero.
El caso se centra en la triangulación de fondos a través de México, Barbados y Florida, donde se alega que el dinero de contratos públicos fue desviado a García Luna y sus asociados.
Este escándalo no solo pone de relieve la corrupción dentro de México, sino también su impacto internacional, especialmente en Estados Unidos, donde se lleva a cabo el juicio.
El caso contra García Luna no solo busca recuperar los fondos desviados, sino también enviar un mensaje claro contra la corrupción y la impunidad. La UIF ha logrado recuperar 2 millones de dólares y asegurar 19 inmuebles relacionados con la trama de corrupción
Además, el juicio en Florida representa un desafío legal significativo, ya que no se juzga la ilegalidad de los contratos firmados en México, sino la transferencia ilícita de fondos al extranjero.
Este caso también pone de manifiesto la necesidad de una cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. La implicación de García Luna, quien tenía estrechos vínculos con agencias estadounidenses como la DEA, plantea preguntas sobre la supervisión y la complicidad potencial en tales esquemas.
El juicio en Florida es un momento crucial en la lucha de México contra la corrupción, con implicaciones que van más allá de la recuperación de fondos. Representa un esfuerzo por restaurar la confianza en las instituciones públicas y reafirmar el compromiso del gobierno de AMLO con la justicia y la transparencia.
