En una década, la capital enfrenta un crecimiento desmedido de pisos no autorizados, superando en 15 veces la altura de la Torre Mítikah.

Ciudad de México, 06 de febrero de 2024.- En un revelador análisis de la expansión urbana, la Ciudad de México registra un incremento alarmante en la construcción de pisos ilegales, superando en 15 veces la altura de la Torre Mítikah, el edificio más alto de la metrópoli. Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), desde 2013 hasta 2023, se han construido ilegalmente mil 39 pisos, evidenciando una problemática creciente en el ordenamiento urbano y el respeto por las normativas de construcción.

La PAOT ha identificado un aumento progresivo en las infracciones, pasando de apenas cuatro niveles ilegales en 2013 a registrar picos de hasta 187 pisos en un solo año. Este crecimiento no solo refleja una tendencia al alza en la construcción sin permisos, sino también destaca los desafíos en la regulación y control por parte de las autoridades.

El escenario se complica aún más con el impacto de la contingencia sanitaria por Covid-19, que frenó temporalmente la investigación y recepción de denuncias, aunque la problemática persiste con 144 niveles irregulares comprobados en 2023 y 43 casos aún en investigación.

Las consecuencias de estas construcciones van más allá de la ilegalidad, llegando a poner en riesgo la vida de las personas, como lo demuestra el trágico caso del colegio Enrique Rébsamen, donde la adición no autorizada de un piso fue factor en la pérdida de 26 vidas. Esta situación ha impulsado la discusión de la Ley de Responsabilidad Ambiental en el Congreso capitalino, que propone sanciones millonarias para quienes infrinjan las regulaciones urbanísticas.

Sin embargo, la problemática de la vivienda ilegal no puede desligarse de la crisis habitacional que vive la ciudad. Víctor Ramírez, académico de la UNAM, señala que la construcción de pisos adicionales responde a una necesidad insatisfecha de vivienda popular, argumentando que las sanciones propuestas podrían penalizar doblemente a los más desfavorecidos. Ramírez aboga por políticas urbanas que ofrezcan soluciones reales a la demanda habitacional, promoviendo condiciones favorables para la integración de nuevos miembros en los hogares y atendiendo al problema de fondo que representa el alto costo del suelo en la ciudad.

Este fenómeno urbano plantea un desafío multidimensional que requiere de un enfoque integral, que no solo contemple las sanciones, sino también políticas de vivienda y urbanismo que respondan a las necesidades de la creciente población. La Ciudad de México se encuentra en un punto crítico donde la planificación urbana debe reconciliarse con la realidad habitacional de sus ciudadanos, buscando soluciones sostenibles que garanticen el derecho a una vivienda digna y segura para todos.