En el ámbito legislativo de México, una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, impulsada por el diputado de MORENA Emmanuel Reyes Carmona, ha generado un intenso debate. La reforma, centrada en la regulación de las cirugías estéticas y reconstructivas, propone que sólo los profesionales con certificados de especialización emitidos por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C. puedan ejercer estas prácticas. Esta propuesta surge en un contexto preocupante, donde casos como el de la periodista Sandy Aguilera, víctima de procedimientos estéticos inadecuados, subrayan la urgencia de profesionalizar y asegurar la calidad en este campo médico.
La iniciativa de Reyes Carmona busca, en teoría, cerrar el paso a los charlatanes y consolidar un sistema más seguro y regulado para los pacientes que optan por cirugías estéticas, ya sea por reconstrucción o por elección personal. Sin embargo, críticos de la propuesta señalan un potencial conflicto de intereses. La reforma, al limitar la certificación a una única institución privada, podría efectivamente monopolizar el campo de la cirugía estética en México. Esto no solo restringiría el acceso a la educación y capacitación en este campo médico, sino que también podría convertir al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C. en un ente extremadamente lucrativo, con control exclusivo sobre quién puede y quién no puede realizar estos procedimientos.
La pregunta que surge es: ¿Cuánto valdría este monopolio? Considerando la creciente demanda de cirugías estéticas, y el hecho de que por cada cirujano plástico certificado existen hasta 20 individuos practicando ilegalmente, el impacto económico de tal monopolio podría ser enorme. Además, la propuesta incluye la obligación para los cirujanos de entregar tarjetas informativas a los pacientes, detallando técnicas y riesgos, lo que sugiere un intento por mejorar la transparencia y seguridad en el campo.
En resumen, mientras que la propuesta de Emmanuel Reyes Carmona tiene como objetivo proteger a los pacientes y mejorar la calidad de los servicios de salud en cirugía estética y reconstructiva, su implementación plantea serias preocupaciones sobre la posible centralización y comercialización de la certificación en este campo. La Comisión de Salud del Senado enfrenta así un dilema complejo, entre garantizar la seguridad de los pacientes y evitar la creación de un monopolio en un área tan delicada y lucrativa de la medicina.
