Al interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP) diversos miembros comparten información privilegiada a empresas enlazadas en el nicho a José Juan Reyes Domínguez, a quien se identifica por operar detrás de una serie de razones sociales dedicadas a simular competencia, mediante escalonamiento de precios.
De acuerdo con la denuncia del colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM) se ha perjudicado al erario mexicano, aunado a que la filtración “pone en duda la integridad de los procesos de licitación gubernamentales y cuestiona la eficacia de los mecanismos de transparencia”.
Tal como refirió el abogado Mauricio Santiago Eder, presidente de la organización, la red liderada por Reyes Domínguez y su hijo José Juan Reyes Mote, identificada como Cártel de la Limpieza, obtiene los precios de sus competidores antes que se hagan públicos, lo que le permitiría modificar sus costos para que se posicionen por debajo del resto.
“Hemos constatado que la red de corrupción del Cartel de la Limpieza se extiende a diversas dependencias gubernamentales, incluyendo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Hacienda (SHCP), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación (SEP), así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN)”.
En su explicación, Santiago Eder detalló que las instituciones habrían sido cómplices para beneficiar a firmas como Limpiacero, Distribuidora Yaab y Armor Seguridad Privada y Servicios Institucionales, lo que pone en entredicho su integridad, así como los preceptos de rendición de cuentas y moralidad en la administración pública.
Desde su óptica, es reprobable mantener a funcionarios ligados a actos de corrupción o acoso sexual como en caso de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, ex coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN; y de Rubén Gómez Montes de Oca, titular del Área de Responsabilidades del IPN.
En ese sentido, comentó que se puso bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia capitalina una licitación que supuestamente sería simulada y el contrato resultante en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
