En un giro que ha sembrado la consternación entre los habitantes de Acapulco y ha resonado en los pasillos de la justicia, la Cámara de Diputados ha dado luz verde al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024. Con una asignación que rebasa los 9 billones de pesos, este documento presupuestal ha desatado una ola de críticas, particularmente por dos omisiones críticas: la falta de fondos específicos para la reconstrucción de Acapulco tras recientes desastres naturales y un recorte significativo al presupuesto del Poder Judicial.
La ciudad de Acapulco, que aún muestra las cicatrices de la furia de la naturaleza, enfrenta un futuro incierto. Los damnificados, cuyas esperanzas se anclaban en la promesa de apoyo gubernamental, hoy ven cómo la ayuda es postergada en favor de otras asignaciones presupuestales. El silencio del presupuesto sobre los recursos para la reconstrucción ha dejado a muchos en la desolación, temiendo que la reconstrucción sea una lucha solitaria contra las secuelas de la adversidad.
Por otro lado, la judicatura ha recibido un duro golpe con un recorte de 13 mil millones de pesos, poniendo en tela de juicio la capacidad de los órganos autónomos para operar eficientemente. La mayor disminución recae sobre el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, según los expertos, podría tener repercusiones severas en el acceso a la justicia y la transparencia de procesos electorales vitales para la democracia del país.
Los partidos de oposición han levantado la voz, prometiendo presentar reservas al dictamen para redireccionar fondos hacia la reconstrucción de Acapulco y fortalecer al Poder Judicial. Estas acciones reflejan la creciente preocupación por el bienestar de los ciudadanos y la salud de las instituciones democráticas. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo, esperando que el gobierno reconsidere sus prioridades y atienda las necesidades urgentes de un pueblo en busca de respaldo.
