CIUDAD DE MÉXICO. En respuesta al crecimiento desenfrenado y a menudo sin regulación de la cirugía estética en el país, la Cámara de Diputados, encabezada por Jesús Fernando García Hernández del Partido del Trabajo, ha lanzado una iniciativa pionera. Su meta: diferenciar claramente la cirugía plástica reconstructiva de la estética y poner coto a las malas prácticas en el sector.

CIUDAD DE MÉXICO. En respuesta al crecimiento desenfrenado y a menudo sin regulación de la cirugía estética en el país, la Cámara de Diputados, encabezada por Jesús Fernando García Hernández del Partido del Trabajo, ha lanzado una iniciativa pionera. Su meta: diferenciar claramente la cirugía plástica reconstructiva de la estética y poner coto a las malas prácticas en el sector.

Avalado por expertos del COLEGIO NACIONAL DE MEDICOS QUIRURGICOS Y CIRUGIA ESTETICA A.C, el diputado García Hernández pretende con esta medida combatir a aquellos pseudo cirujanos y clínicas que operan sin el respaldo de certificaciones y protocolos necesarios. Esta propuesta legislativa nace en un contexto donde México se posiciona como el tercer país en el mundo con mayor número de procedimientos estéticos, tan solo detrás de potencias como Estados Unidos y Brasil.

La demanda de estas intervenciones ha crecido exponencialmente debido a factores como la globalización, el cambio en las normas sociales y la influencia de los medios. Sin embargo, este incremento ha venido acompañado de un aumento de malas prácticas que ponen en peligro la salud y la vida de los pacientes.

Dentro de la iniciativa, se pretende aclarar las definiciones y alcances de la cirugía estética y la cirugía plástica reconstructiva. Esta última, destinada a ayudar a pacientes que han sufrido accidentes o enfermedades, busca restaurar tanto la funcionalidad como la apariencia física. En contraste, la cirugía estética persigue modificaciones con fines puramente estéticos en individuos sanos.

El llamado es claro: es vital corregir la denominación de estas especialidades médicas y garantizar su inclusión en la Ley General de Salud. Esto permitirá darles el reconocimiento y la regulación que merecen, evitando malentendidos y malas prácticas.

Las sanciones propuestas son contundentes. Quienes practiquen cirugías estéticas sin seguir los protocolos establecidos podrían enfrentar de 15 a 40 años de prisión y multas significativas. Además, se les confiscarían instrumentos, establecimientos e incluso cuentas bancarias.

Con esta iniciativa, México da un paso gigante en su lucha por garantizar la salud y seguridad de sus ciudadanos, evitando que caigan en manos de profesionales no capacitados y garantizando prácticas seguras y de calidad en el ámbito de la cirugía estética.