CDMX a 3 de julio, 2024.- En un evento que tuvo lugar en Toluca, Estado de México, magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), trabajadores del Poder Judicial y abogados debatieron sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial enviadas por el Ejecutivo Federal. Los temas centrales fueron la austeridad, fideicomisos y derechos laborales, en un esfuerzo por escuchar todas las voces y mejorar el sistema judicial del país.
Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, destacó la necesidad de una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial. Resaltó que los recursos deben estar asegurados y ser suficientes para garantizar el derecho de acceso a la justicia y proteger los derechos humanos. Subrayó que la austeridad no debe poner en riesgo la estabilidad laboral ni la independencia judicial.
Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, insistió en la necesidad de autonomía presupuestaria para el Poder Judicial. Señaló que la afectación financiera limitaría el acceso a la justicia y sobreexplotaría los recursos humanos, convirtiéndose en una «esclavitud velada». Abogó por una remuneración adecuada y por destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.
Carolina Villagrán, visitadora judicial «B» del CJF, llamó a fortalecer la unidad especializada en combate de acoso laboral y sexual. Denunció la existencia de malos operadores jurídicos y titulares que abusan de su poder, afectando la imagen y los derechos de los trabajadores. Propuso dignificar la labor judicial, señalando que la austeridad debe ir acompañada de racionalidad.
Sergio Arturo López Servín, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del CJF, subrayó la importancia de reflexionar sobre el sistema de elección de juzgadores propuesto en la reforma. Planteó que, al igual que no debe haber legisladores improvisados, tampoco debe haber impartidores de justicia improvisados, resaltando la necesidad de juzgadores de excelencia.
Ricardo Garduño Pasten, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, lamentó la falta de efectividad en la impartición de justicia debido a la sobrecarga de trabajo. Sugerió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales en lugar de órganos administrativos y destacó la importancia de salvaguardar los fideicomisos relacionados con los derechos laborales.
Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la reforma promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos. Subrayó que los ministros y jueces deben actuar con prudencia judicial en el uso de recursos públicos y resaltó que la mayoría de los jueces actúan con verdadera prudencia judicial.
Jaime Miguel Moreno Garavilla, doctor en derecho, manifestó que la reforma no debe ser vista como una guerra fratricida, sino como una oportunidad para construir un nuevo México. Llamó a participar y aportar para crear una nueva infraestructura social, institucional, jurídica y política para las futuras generaciones.
José Reyes Doria, politólogo y asesor parlamentario, comentó que la reforma al Poder Judicial plantea una transformación significativa del modelo de integración y funcionamiento del servicio público. Señaló que la austeridad es un criterio imprescindible para orientar la estructuración del servicio público, destacando las profundas desigualdades sociales del país.
