CDMX a 19 de junio, 2024.- En un esfuerzo por presionar al Congreso de la Unión para aprobar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la diputada Susana Prieto Terrazas ha convocado a una marcha nacional el próximo 1 de septiembre. La convocatoria busca movilizar a trabajadores de todo el país para manifestarse a favor de esta reforma laboral.
En una rueda de prensa, Susana Prieto enfatizó la urgencia de esta reforma, señalando que actualmente no se encuentra entre las 18 iniciativas del presidente ni en las propuestas de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. “Ahora se habla de 18 iniciativas del presidente, más dos iniciativas o tres de la presidenta electa y ninguna de ellas es la reducción de la jornada laboral”, afirmó Prieto.
La marcha está programada para el 1 de septiembre a las 10:00 de la mañana y se espera que trabajadores de todas las regiones del país se unan en caravanas, marchas y mítines. Prieto destacó que solo la presión del pueblo puede llevar al Congreso a tomar acciones concretas sobre este tema.
Durante su conferencia, Prieto Terrazas también denunció una serie de irregularidades en la situación laboral de diversos trabajadores de la Cámara de Diputados. Informó que se planea retener los salarios de los 500 diputados por dos meses, hasta que acrediten sus gastos de julio y agosto. “Ahora nosotros tenemos que gastar primero para comprobarle a la Cámara de Diputados los gastos y después nos van a depositar”, explicó.
Prieto cuestionó qué sucederá con los intereses generados por la retención de estos salarios y expresó su preocupación sobre la administración financiera de la Cámara. También solicitó una auditoría a las autoridades financieras de la Secretaría de la Cámara de Diputados, en relación con los gastos realizados durante la LXV Legislatura.
La diputada Prieto Terrazas reiteró su compromiso de seguir denunciando todas las anomalías hasta el último día de sus funciones, el 31 de agosto de 2024. Su llamada a la acción busca no solo un cambio en la jornada laboral, sino también una mayor transparencia y justicia en la administración de los recursos legislativos.
