CDMX a 24 de junio, 2024.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, ha presentado una propuesta de reforma democratizadora del Poder Judicial, destacando su importancia para poner fin a la impunidad, la corrupción y la violencia en México. En su artículo titulado «Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia», Rivera Rivera enfatizó la necesidad de una cooperación armónica entre los órganos del Estado para reflejar la voluntad popular en las leyes e instituciones.
Rivera Rivera denunció que actualmente el Poder Judicial bloquea las transformaciones necesarias para el proceso democratizador y no responde a las demandas ciudadanas. Subrayó la importancia de poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, donde frecuentemente se dan vicios y corruptelas que impiden la justicia en favor de los más desfavorecidos.
La reforma propuesta por la senadora incluye varios elementos importantes:
- Elección de Jueces y Magistrados por Voto Directo: Todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), serían electos mediante voto directo de la ciudadanía. Para dar a conocer sus propuestas y programas, tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.
- Reducción del Número de Ministros de la SCJN: Se propone reducir el número de ministros de 11 a 9, y disminuir su periodo como magistrados de 15 a 12 años.
- Eliminación de las Salas Superiores de la Corte: La reforma también incluye la eliminación de las dos salas superiores de la SCJN.
- Propuestas de Candidatos a Ministros: Los candidatos a ministros de la SCJN y del TEPJF serían propuestos por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el pleno de la Corte, respetando la paridad de género.
- Reemplazo del Consejo de la Judicatura Federal: Se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial, evitando la concentración de poder en una sola figura.
- Justicia Pronta y Expedita: La reforma establece un máximo de un año para resolver asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, para evitar demoras que perjudican a los más pobres.
Ana Lilia Rivera destacó que esta reforma es esencial para garantizar una justicia efectiva y equitativa. «La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido», afirmó.
