CDMX a 14 de mayo, 2024.- El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una iniciativa audaz en la Cámara de Diputados que propone sanciones severas, incluyendo hasta tres años de prisión, para aquellos que abandonen a personas adultas mayores. La propuesta, que busca modificar el Código Penal Federal, responde a un incremento alarmante en los casos de abandono y maltrato hacia este grupo vulnerable.
La iniciativa está siendo analizada actualmente por la Comisión de Justicia y sugiere la adición del artículo 335 Bis al Código Penal, con el fin de penalizar el abandono de cualquier adulto mayor a quien se tenga el deber de cuidar. La medida propuesta varía de un mes a tres años de prisión, dependiendo del daño resultante del abandono.
El abandono de los adultos mayores no solo es un problema de salud pública, sino también una cuestión de justicia social. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indican que más de 5,000 adultos mayores fueron víctimas de violencia en 2020. Además, se espera que el número de adultos mayores en situación de abandono o maltrato alcance los 14 millones para 2025.
Carrillo Soberanis también subrayó que, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), de la población de adultos mayores sin discapacidad o dependencia, solo el 22.4% recibían cuidados en el hogar. Esto subraya una gran deficiencia en el apoyo y atención que reciben los mayores en México.
Las consecuencias del abandono son severas, incluyendo malnutrición, falta de medicación adecuada, y condiciones de vivienda inapropiadas. Los abusos pueden ser físicos, psicológicos, y hasta financieros, lo que evidencia la necesidad de un cambio legislativo significativo para proteger a los adultos mayores.
La propuesta de Carrillo Soberanis busca no solo penalizar el abandono, sino también enfatizar la importancia de un entorno de apoyo donde el proceso de envejecimiento pueda ser seguro y digno. En una sociedad que envejece rápidamente, el respeto y la protección de los derechos de los adultos mayores deben ser prioritarios.
