CDMX a 27 de mayo, 2024.- Un reciente estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) revela que el Congreso de la Unión ha aprobado apenas seis de cada diez iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gestión. Esta tasa de aprobación, del 63.36%, es la más baja alcanzada por un Ejecutivo Federal desde 1917, según el investigador César Alejandro Giles Navarro.
El estudio, titulado “La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político”, destaca que la tasa de aprobación de López Obrador es considerablemente menor que la de sus tres antecesores: Enrique Peña Nieto (79.84%), Felipe Calderón (79.55%) y Vicente Fox (74.70%). Antes del año 2000, la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo era superior al 98%.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 8 de mayo de 2024, López Obrador envió 101 iniciativas al Congreso, de las cuales 64 fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La investigación señala que la falta de mayorías calificadas necesarias para las reformas constitucionales ha sido un factor clave en la baja tasa de aprobación.
El estudio identifica varios factores que han reducido la eficiencia del Ejecutivo como promotor de leyes. Entre ellos, se destacan la política de confrontación del presidente con la oposición, su poca disposición para negociar y el uso de las iniciativas como herramientas electorales hacia el final de su sexenio. Estas dinámicas han llevado a una resistencia significativa del Poder Legislativo y a la invalidez de algunas iniciativas emblemáticas por parte del Poder Judicial, lo que ha intensificado la confrontación entre los poderes del Estado.
El informe sugiere que, para mejorar la efectividad legislativa, una política de concertación sería más beneficiosa que una de confrontación. Los índices de rechazo legislativo y de impugnabilidad judicial de los últimos años indican que la cooperación y el diálogo podrían ser estrategias más efectivas para avanzar la agenda legislativa del Ejecutivo.
