En una acción que muchos han interpretado como un alejamiento palpable de los principios y el respeto hacia la Carta Magna de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por ausentarse de la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un acto no solo de omisión sino que para críticos y observadores, simboliza un desdén preocupante hacia las tradiciones y fundamentos legales del país.
El Teatro de la República en Querétaro, escenario de significativa importancia histórica, permaneció esperando la presencia del mandatario en un día crucial para la nación, solo para ser testigo de su notable ausencia. Esta decisión ha suscitado un torbellino de críticas, no solo de figuras políticas y analistas como el columnista Catón, quien describió la falta del presidente como «un luto para México» y una «grave ofensa a la ley», sino también de voces en redes sociales y otros medios de comunicación que ven en este gesto un menosprecio hacia la institucionalidad y la legalidad.
La crítica no se ha hecho esperar, con figuras como el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, señalando la ironía de que incluso la representación del Poder Judicial, encabezada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, quien también faltó al evento, sea menospreciada por acciones ejecutivas que deciden relegar la importancia de estar presentes en actos de profundo significado constitucional.
Este patrón de ausencia no es un hecho aislado en la conducta del presidente López Obrador. Previamente, su falta de participación en eventos de relevancia como la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Cumbre de las Américas ha marcado una tendencia de distanciamiento con la prensa y ciertos foros internacionales, reforzando la narrativa de un liderazgo que elige selectivamente sus espacios de intervención, a menudo en contraposición con las expectativas tradicionales de su cargo.
Defendiendo su agenda, el presidente ha enfocado su atención en otros compromisos, como la supervisión de obras del Tren en el Estado de México, y en su narrativa de «transformación» del país, criticando abiertamente reformas anteriores a la Constitución que, desde su perspectiva, contravienen el interés público. Este enfoque sugiere una reconfiguración de prioridades que pone en tela de juicio su compromiso con el respeto a la ley fundamental del país y la tradición democrática.
